La Política Interior

    

     El Periodo que va de 1939 a 1953 se basó en el desmantelamiento de la obra de la Segunda República. Se estableció un rígido control policial e ideológico sobre la población, al tiempo que se reprimía cualquier manifestación, pública o privada, de crítica al régimen franquista o de apoyo a un sistema democrático. La Falange se convirtió en el partido todopoderoso, que controlaba la vida política del país, bien directamente, bien a través de sus sindicatos o de la Sección Femenina. La prensa y la radio quedaron en sus manos, convirtiéndose en los instrumentos de una campaña de autopropaganda.

     Al mismo tiempo, se llevó a cabo una progresiva concentración del poder: en 1939, Franco concentraba en su persona la jefatura del Estado, la jefatura del Gobierno, la del partido único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS), la de las Fuerzas Armadas, y el poder legislativo. Tal concentración de poder y capacidad decisoria, evidenciaban el carácter personal de la dictadura que comenzaba.

     Los primeros años fueron de una represión especialmente dura sobre los vencidos. En 1940 permanecían en las cárceles unos 300.000 presos políticos. Las universidades, la enseñanza, la administración pública, e incluso las grandes empresas privadas, fueron depuradas de las personas sospechosas de haber sido adictas a la República o a los partidos y sindicatos obreros. Las ejecuciones fueron muy numerosas (unas 30.000 según las estimaciones más bajas). Todas estas medidas erradicaron cualquier intento de oposición.

     Logicamente, la Constitución republicana de 1931 fue abolida, así como todas las libertades y garantías individuales. Los partidos políticos y los sindicatos fueron prohibidos, creandose en su lugar el partido único (FET y JONS) y un único sindicato, Central Nacional Sindicalista (CNS) que englobava a patronos y obreros. Los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco fueron suprimidos, dando paso a un Estado férreamente centralista.

     A partir de 1942 comensaron a elaborarse las bases legales del franquismo. En este año se constituyeron las Cortes Españolas, formadas por altos cargos de Falange, dirigentes de la organización sindical, alcaldes, etc., pero, en ningún caso, sus miembros eran elegidos por los ciudadanos, y además, Franco seguía teniendo potestad para dictar leyes. En 1945 se promulgaron el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional, y en 1947 el Fuero del Trabajo. La más importante fue la Ley de Sucesión, que se promulgó en diciembre de 1947, en la que se determinaba que España era un reino, lo que significaba el retorno de la monarquía; pero, al mismo tiempo, realzaba el carácter vitalicio de la jefatura de Franco quien, además, tenía la potestad de elegir la persona que le sucedería, bien como rey, bien como regente. Se trataba, por tanto, de una "nueva monarquía", nacida del "Alzamiento nacional" del 18 de julio de 1936 y no de la restauración de la monarquía anterior.

     Las relaciones con los monárquicos habían conocido en 1942 un primer coflicto político. Estos, en su mayoría, habían apoyado la sublevación durante la guerra civil -esperando que, con la victoria, fuera restaurada la monarquía- y se mostraron desencantados ante la evidencia de que Franco no pensaba abandonar el poder. Don Juan de Borbón, heredero de la Corona tras la muerte de Alfonso XIII en Roma en 1941, manifestó su inclinación conciliadora y aperturista hacia todos los españoles, lo que resultó inaceptable para el Caudillo. La ley de sucesión fue rechazada por Don Juan de Borbón quien, no obstante, en 1948 llegaría a un acuerdo con Franco, or el que el príncipe Juan Carlos de Borbón -primogénito varón de Don Juan-, estudiaría en España.

     La nueva realidad olítica del franquismo, establecida firmemente entre 1939 y 1947, suponía una mezcla de las ideas fascistas de la Falange y del conservadurismo tradicional (nacional - catolicismo). Los puestos de responsabilidad fueron ocupados por representantes de las tres instituciones victoriosas: militares, falangistas y católicos. Estos últimos, además de formar gobierno en 1946, consiguieron el control de la enseñanza, la censura, la obligatoriedad de la religión católica como asignatura y la supresión de las leyes de la República sobre el divorcio matrimonio civil, etc.